El PNF se creó en la urgencia política del asunto Cahuzac, con una idea sencilla: la delincuencia financiera de las grandes empresas exige magistrados especializados, asistentes técnicos —especialistas en fiscalidad, contables, analistas financieros— y una competencia nacional que libere de las divisiones territoriales.
Su herramienta más visible es el CJIP. En 2022 celebró con McDonald's France un convenio que resolvía un litigio relativo a precios de transferencia: los cánones abonados por los restaurantes franceses a una estructura luxemburguesa del grupo. Multa de interés público: 508,5 millones de euros, a los que se suman 737 millones de impuestos y recargos abonados a la DGFiP.